Escuchando a víctimas de masacre de Alaska

Redacción Buga

El Periódico

Adelantar las consultas pertinentes frente a la situación actual de las familias de las víctimas de la masacre de Alaska ocurrida hace 14 años, fue algo que adelantó la Corporación Concejo Municipal de Guadalajara de Buga.

Tras haberse recordado y manifestado las voces de acompañamiento a los familiares de las 24 personas que allí fueron masacradas por grupos armados al margen de la Ley, en la sesión del pasado fin de semana, un familiar de los campesinos asesinados expresó ante la plenaria que al momento no han recibido apoyo por parte del Estado. “Sólo nos recuerdan cada año y sacan informes por los periódicos, pero aún no hemos tenido el apoyo a quienes quedamos con el dolor por la muerte de nuestros seres queridos, que en mi caso, era un hermano sordo y mudo, que ningún daño le hacía a nadie”, dijo el adolorido ciudadano.

Cabe recordar que, recientemente, el Consejo de Estado condenó a la Nación por la masacre cometida el 10 de octubre de 2001 en la vereda de Alaska, corregimiento de La Habana, al tenerse presente la documentación y testimonios frente a las fallas en el servicio por parte del Ejército, que permitió el violento accionar por parte de las Autodefensas unidas de Colombia. La sentencia del Juzgado:

Un juzgado de Buga condenó a la nación porque el Ejército y la Policía permitieron que un grupo de 35 paramilitares del Bloque Calima asesinaran a 24 personas en tres veredas del municipio de Buga-Valle, el 10 de octubre de 2001.

Para el juez, tanto el Batallón Palacé del Ejército como el Comando de Policía de Buga sabían de la presencia paramilitar en la zona, pero no movieron una sola unidad para evitar la tragedia, lo que permitió que el grupo de autodefensas entraran a las veredas y durante un día recorrieron las veredas asesinando a su paso a campesinos a quienes acusaban de ser presuntos colaboradores de la guerrilla.

Los 35 paramilitares del Bloque Calima llegaron a tres veredas del municipio de Buga, en el departamento del Valle. Allí se dividieron en dos grupos. El primero, de unos 10 hombres, irrumpió en la vereda La Habana y mató a ocho campesinos. Luego el otro grupo se fue para la vereda Alaska, donde asesinaron a 15 personas. Y por último, en La Magdalena, acabaron con la vida de otras dos.

La masacre ocurrió a media hora del Batallón Palacé del Ejército, y a unos 15 minutos de una estación de Policía de La Magdalena que contaba con 20 uniformados entrenados para actividades contraguerrilla. Tanto los unos como los otros estaban advertidos de la presencia de ilegales en la zona, pero nada hicieron para evitar que los paras llegaran a estas veredas y mataran a estas personas. 

La fuerza pública sólo se hizo presente en el sitio cinco horas después de la matanza. “Es evidente que ni la Policía, ni el Ejército actuaron inmediatamente, cosa que favoreció que los autores materiales pudieran huir en la más absoluta impunidad del lugar de los hechos”, señala la sentencia del Juzgado Segundo Administrativo de Buga.

Por tal razón, la Nación (el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Policía, el departamento del Valle y el Ministerio del Interior) deberá pagar a los familiares de las víctimas entre cinco y 80 millones de pesos, dependiendo del daño que se le haya causado a cada una de las familias. 

Según la sentencia, si bien la masacre fue hecha por los paramilitares, la ausencia de fuerza pública facilitó que el múltiple crimen se cometiera, lo que constituye una falla en el servicio. 

Así mismo, el fallo (emitido el pasado 6 de agosto) ordena a la Nación construir en un lugar público de la vereda Alaska “un monumento apropiado y digno, para recordar tal masacre, a fin de rendir un homenaje a las víctimas y familiares de estos hechos y a su vez construir memoria”.