La de Buga, entre las cárceles que serán remodeladas

Redacción Buga

El Periódico

Las cárceles y las penitenciarías de Colombia tienen 76.553 cupos, pero son habitadas por 117.018 personas, 40.480 sindicados y 76.538 condenados, según cifras entregadas el pasado lunes por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

María del Pilar Bahamón, Directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), asegura que la mayoría de esa superpoblación corresponde a los internos que tienen condenas inferiores a 10 años. Para disminuir ese número de reclusos, se ampliarán nueve cárceles del país: Combita, en Boyacá (con el 6,5 % de hacinamiento); Ipiales, en Nariño (45,4 %); San Gil y Girón, en Santander (17,9 % y 37,5 %); El Espinal e Ibagué, en Tolima (no hay hacinamiento y 24,5 %); y Tuluá, Buga y Palmira, en Valle del Cauca (60,4 %, 53 % y 118,4 %). Bahamón precisa que a cada ampliación llegarán 700 internos, es decir, el proyecto creará 6.300 cupos en el país. Oliverio Caldas, uno de los arquitectos que dirige el proyecto diseñado por la Universidad Nacional, asegura que en estas ampliaciones mejorará la calidad de vida de los internos. "No hacemos celdas ni pabellones de reclusión, hacemos cupos penitenciarios y sectores de mediana seguridad", dice.

Explica que el cupo penitenciario corresponde a los metros cuadrados que se otorgan a cada preso, que oscilan entre 14 y 18, distribuidos en su dormitorio y los espacios destinados a alimentación, salud, enseñanza, culto, entretenimiento y visitas familiares, conyugales y judiciales.

"Los internos únicamente irán a sus celdas a dormir. En el día realizarán actividades deportivas, culturales y académicas. Accederán a internet y asistirán a clases y a laboratorios", relata el profesional.

Aunque algunos familiares de internos se oponen a estas ampliaciones y las consideran un "pañito de agua tibia" como expresa Páez, la Defensoría del Pueblo y algunos expertos respaldan la iniciativa, pero con varias condiciones.

En criterio de la Defensoría, aunque "la solución a la problemática carcelaria no se circunscribe a la construcción de nuevas cárceles", las remodelaciones pueden ser "una solución razonable a los altos niveles de hacinamiento".

Para que sean eficientes energéticamente, las ampliaciones de las cárceles, en las que se invertirán 350.000 millones de pesos, tendrán espacios iluminados y ventilados. "Los establecimientos carcelarios no pueden ser ajenos a las necesidades del planeta", reconoce Bahamón.

Las nuevas instalaciones contarán con cubiertas verdes. "Los suelos que se quitarán en los terrenos se llevarán a los techos de los edificios. Así se regularán las aguas lluvias y, debido a la capa de humedad, se bajarán las temperaturas", explica el arquitecto.

Caldas añade que las "celdas fueron diseñadas para que sean adecuadas térmicamente, según la posición geográfica". "Lo que hacemos se ha convertido en referencia internacional", concluye el profesional, quien cree que en el futuro el país podría contar con "centros de reclusión social abiertos o semiabiertos".

"Cuando los internos estudian y trabajan en las cárceles, éstas dejan de ser escuelas del crimen", sugiere que los proyectos de las ampliaciones también se diseñen para los presos que cumplen condenas largas.

Borrero advierte que ante nuevas instalaciones se deben crear estrategias para que los internos tengan sentido de pertenencia y "respeten la infraestructura".

También espera que estas ampliaciones no se hacinen y cumplan la meta de la resocialización. "Esta infraestructura debe lograr que los internos, cuando estén en libertad, desarrollen un proyecto de vida y no sigan delinquiendo".

Por su parte, la Defensoría advierte que "espacios adecuados" no son suficientes para obtener la resocialización de la población carcelaria.

"Además de las construcciones modulares que se proponen, el Gobierno debe garantizar la atención en salud y la formación de los reclusos. En otras palabras, en nada contribuirán los espacios propuestos si no se habilitan los programas de educación y trabajo".

El Inpec aún no decide sobre los 6.300 internos que serán trasladados a las nuevas instalaciones. Decidirá cuando las obras estén concluidas, todas las ampliaciones terminarán de entregarse en el 2018 y la Uspec le dé oficialmente los cupos.

La experta considera que los internos a trasladar deben seleccionarse en las cárceles más hacinadas, sin importar que se encuentren en otras ciudades. "Se deben asignar los recursos suficientes para realizar los traslados que se necesiten", afirma.

Al respecto, Páez explica que muchos reclusos no quieren ser trasladados por temor a que los alejen de sus familias. "Lo más duro que le puede pasar a un interno es se

r alejado de su núcleo familiar", reitera. Al mismo tiempo, subraya que las ampliaciones ponen en riesgo el derecho que tienen los internos de ver a sus seres queridos. De igual forma, Borrero destaca la importancia de la cercanía entre el preso y su familia. "Al interno no se le puede aislar, debe tener la oportunidad de ser visitado por sus allegados".