1.20.2014

En Buga no desaparecen las barreras sociales y de cemento

El artículo 5to de la ley 1618 señala que las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y local, en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, son responsables de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, debiendo asegurar que todas las políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos, de conformidad con el artículo 30 literal c), de Ley 1346 de 2009. Para tal fin, las autoridades públicas deberán, entre otras, implementar las acciones establecidas.  

Redacción Buga
El Periódico

Aunque la Constitución Política de 1991 indica que toda persona nace libre e igual ante la ley y goza de los mismos derechos, libertades y oportunidades, ¿puede la población en situación de discapacidad sentirse parte de esta garantía?.
De los 32 departamentos que tiene Colombia, sólo 15 han avanzado en políticas públicas en discapacidad, pese a que se cuenta con la Ley 1145 de 2007, que le da estructura al Sistema Nacional de Discapacidad, y que tiene por objeto “impulsar la formulación e implementación de la política pública en discapacidad, en forma coordinada entre las entidades públicas del orden nacional, regional y local, las organizaciones de personas con y en situación de discapacidad y la sociedad civil, con el fin de promocionar y garantizar sus derechos fundamentales, en el marco de los Derechos Humanos”.

En lo referente a Guadalajara de Buga, primer municipio del Valle del Cauca que acertó en esta iniciativa, gracias al empeño de un grupo de personas en cabeza del líder cívico Andrés Felipe Moncayo, logrando derribar las barreras iniciales del Cabildo abierto de política pública de discapacidad con una convocatoria que superó las 5.000 firmas para presentarlas a la Registraduría Especial del Estado Civil avalando el proceso democrático, incluyente y participativo, para luego del registro necesario presentar el proyecto ante el Honorable Concejo Municipal, que  avaló esta iniciativa, desprendiéndose las mesas de trabajo realizadas en el Club Guadalajara Comfenalco y por último en tiempo record, debatir las conclusiones en el Coliseo Armando Moncada Campusano de la calle sexta de Buga, con la presencia del Secretario de gobierno del Valle en representación del gobernador del departamento, los concejales de Buga, secretarios del gobierno municipal, las fuerzas vivas del municipio, representantes de las comunidades en situación de discapacidad, líderes cívicos, comunales, los medios de comunicación y bugueños.
Luego de agotar todo el proceso se han estancado por la falta de la caracterización de esta población que se comprometió entregar la Secretaría de Salud para que se diera inicio a los diferentes procesos donde se han conjugado fuerzas y esfuerzos con Comfandi, quien capacita un grupo de bachilleres en el lenguaje de señas; la Universidad del Valle sede Buga con el primer observatorio de política pública de discapacidad, en igual manera la Secretaría de Cultura y turismo que adelanta capacitaciones y talleres en artes plásticas enfocadas a esta población.
De recordar que la Organización Mundial de la Salud indicó que las estadísticas muestran que el 4% de la población presenta algún tipo de discapacidad, lo cual en Buga de acuerdo al censo poblacional, serían alrededor de 4.000 personas que tienen algún tipo de discapacidad, de ahí la pregunta: ¿Realmente cuántas personas se encuentran caracterizadas en la base de datos de la Secretaría de Salud Municipal?
El Ingeniero Industrial Hugo Rentería, quien también hace parte de la población con discapacidad y ha llevado cerca de 800 aciertos con demandas y acciones populares en reclamación de los justos derechos a igual número de personas en el Valle del Cauca, precisó que en Buga, las barreras sociales, políticas, administrativas, gubernativas, discriminatorias y físicas, no se han logrado derribar a pesar de los múltiples esfuerzos realizados; de ahí que se requiere un verdadero compromiso con el programa de política pública para que sea incluido en los programas de gobierno con acciones directas e incluyentes.
Queda ahora formulado por qué no ha despegado el trabajo con esta población en Buga, para lo cual deberán iniciar las acciones de reclamación por parte de la comisión especial de seguimiento a la política pública conformada por la doctora Alba Estella Anacona Ortiz y el Licenciado Carlos Alberto Londoño, tal como lo señala la ley 1618 en su artículo 5, para que actúen como se indica y ordena en la mencionada ley del orden nacional.

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