Informe de gestión de Enelar, no fue claro ni conciso, para el Concejo Municipal

Redacción Buga

El Periódico

Nada claro dejó la reunión llevada a cabo en el salón de sesiones Manuel Antonio Sanclemente, de Buga, entre la firma concesionaria del alumbrado público Enelar, el Concejo Municipal y el Estado municipal. Sin lugar a dudas se pensó que con la presencia de la Gerente de la entidad, Jackeline Alarcón, se contaría con amplia y suficiente ilustración acerca del tratamiento que esta entidad viene dando a los bugueños, con respecto al sistema de alumbrado en las calles de la ciudad, pero no fue así.

De acuerdo al Presidente de la comisión de Obras públicas y de la Honorable Corporación Edilicia, José Wilson Arias Rodríguez, la funcionaria se limito única y exclusivamente a descargar una responsabilidad asumida desde hace ya varios años, contra el municipio, aludiendo que los trabajos de remodelación en los parques de Buga, han generado una sobrecarga en el sistema que no deben ni pueden asumir ellos; esto generó una reacción de descontento entre algunos pocos cabildantes, en especial de Arias Rodríguez, quien indicó que para eso Enelar cobra por el servicio prestado a los bugueños sin discriminación alguna, y que debería ser esta firma comercial  la que asuma la total responsabilidad del tema.

Ante este hecho, el Secretario de Obras Públicas del municipio, Arquitecto  Mauricio Cruz, le recordó a la Gerente de Enelar, que por iniciativa de ellos se propuso que en el mes de Enero del año en curso le darían al municipio una serie de anotaciones para que  corrigieran situaciones quejosas y hasta el momento nada de eso se ha cumplido; en igual manera, dejó claro el Arquitecto Cruz, que las múltiples quejas de las comunidades por la intensa oscuridad se han hecho llegar a Enelar y no han sido atendidas ni solucionadas,  aludiéndole la responsabilidad al municipio, y cuando  el Estado Municipal toma acciones sobre el tema, Enelar no asume la continuidad, de ahí que dejan todo en el limbo.

Ante este tire y afloje entre Enelar y el Municipio, el edil José Wilson Arias, solicitó que el municipio lleve a cabo interventorias para que se conozca de primera mano la realidad de esta problemática y no como lo manifestó el jurídico del municipio, que esto no se puede definir, y para el Concejal, el pueblo no puede pagar los platos rotos de este contrato cojo. Y dejó muy claro que durante su presidencia, llevará hasta las últimas instancias las responsabilidades que deban asumir las empresas del sector privado que ejecuten contrataciones con el municipio, en el caso de las prestadoras de servicios públicos.

En igual manera elevó un llamado a la Policía Buga por la ausencia ante esta problemática, a la cual fueron citados y no asistieron ni se pronunciaron para excusarse, toda vez que la oscuridad en muchos sectores se convierte en cómplice de los actos ilícitos y la delincuencia.

Al consultar sobre este tema al Abogado Harold Hernán Moreno Cardona, indicó que “inicialmente el único perjudicado serían las arcas del municipio de Buga, la Tesorería municipal o hacienda pública, en el caso que el municipio sea condenado como ya lo fue en primera instancia, tendrá que pagarle a Enelar más de 5.000 millones de pesos de manera directa, más los demás gastos que ha generado el arbitramento; esto no es óbice para que el municipio repita contra los funcionarios responsables, pero es una responsabilidad muy subjetiva porque hay que demostrar el dolo, tal como se desprende del artículo 90 de la Constitución, que determina que el Estado es responsable de todos los daños antijurídicos que le causen a un particular; pero el Estado, en este caso el municipio, repetirá contra el o los funcionarios que han hecho que condenen al municipio, para ello hay que agotar los términos del proceso denominado, “demanda de restitución”, ante el juzgado administrativo del municipio, para asi determinar la responsabilidad del conjunto de personas que incidieron positiva o  negativamente  en determinada actuación”. 

Como se recordará, la Contraloría General de la Nación encontró 47 falencias de orden administrativo en el año 2.004. Entre esos hallazgos se encuentra el sobrecosto que tenía especificado la concesionaria Enelar en la prestación del servicio, sobrecostos que llevaron que las tarifas estuvieran sobre evaluadas, generando un alto costo para los usuarios, ante lo cual la Contraloría General decidió solicitar a la Administración Municipal aclaración de este tema; de ahí que el Concejo Municipal a través del acuerdo 036 del año 2.005, autorizó las rebajas de las tarifas de alumbrado de servicio público.

Fue así como durante la primera administración del Licenciado John Harold Suárez y la dirección jurídica en cabeza del profesional Jorge Eliécer Rivera Méndez, presentaron la acción popular para salvaguardar los intereses de la colectividad bugueña que se venía asaltando y dejando un panorama de austeridad en los gastos de la canasta familiar, salud, educación, vestuario y otros que requerían las clases menos favorecidas; allí nació esta propuesta.

A una socialización del tema llevada a cabo en el año 2.009, fueron llamados los ex alcaldes John Harold Suárez Vargas, José Genner Zuluaga García y José Tomás Esquivel Montoya, quienes en su momento actuaron a favor del municipio como sus representantes legales.

El proceso, en esta primera instancia, estuvo en manos de un tribunal de arbitramento, donde actuaron como jueces tres profesionales en derecho del sector privado y que para poder intervenir cualquier ciudadano bugueño debía pagar una suma de dinero que osciló entre los 10 y 15 millones de pesos, lo cual quería decir que ante este tribunal, se debía esperar la buena fe de las partes, en especial del defensor de los intereses de los bugueños.