Inconformidad ante el incumplimiento de las ARS con los pagos

Redacción Buga
El Periódico

Para todos los colombianos es de público conocimiento la problemática que se presenta en el sector salud.
Hoy día las entidades prestadoras de salud en Colombia y en especial en Guadalajara de Buga, notan con preocupación y angustia financiera la forma como el Estado colombiano es acolitante de las múltiples fallas e incumplimiento de las EPS para con las IPS. (Clínicas, hospitales, centros de salud), entre otros que no tienen ni la más remota esperanza de obtener los dineros por concepto de la facturación radicada a raíz del servicio prestado con anterioridad.
En el caso de Guadalajara de Buga, la situación ha tocado fondo en  entidades tanto del sector público como en el privado, como bien lo ha manifestado la gerente de la Clínica La Ermita, que viene denunciando incumplimiento por parte del grupo Saludcoop, con deuda atrasada por el orden de los $ 239.482.000, y que solo  hacen unos abonos de $2.300.000, de manera desordenada, sin  asumir responsabilidad en el pago de los intereses por mora, mientras que a los prestadores del servicio, las entidades bancarias les cobran intereses de mora, e intereses sobre los intereses de mora por todo concepto.
El clamor de las IPS como prestadoras del servicio de salud, es un llamado urgente a la clase política y dirigente del país, para que asuman un estado de responsabilidad y vigilancia a estas entidades, las cuales de manera significativa obtienen el aval del mismo Estado colombiano para operar en todo el territorio nacional, en muchas ocasiones sin contar con una sólida base económica que soporte los compromisos adquiridos en aras de cumplir con lo establecido en los contratos por éste y otros conceptos.
En este flagrante desbarajuste en la prestación del servicio médico resultan afectados directamente los usuarios, a quienes  de tajo se les corta la prestación de toda clase de servicios médicos, poniendo en riesgo su salud y la del grupo familiar.
Unido a ello, la problemática social y económica que genera para el grupo de médicos, enfermeras, auxiliares, personal directivo, operativo y de urgencias, ya que las empresas prestadoras de salud para la cuan laboran  no les pueden cumplir con los salarios establecidos, en muchas ocasiones, arriesgando hasta con demandas laborales por parte de los empleados y trabajadores.
La Gerente de la Clínica La Ermita en Buga, Lucy Ospina Pedroza, ve con angustia como cada día se afecta más y más a los usuarios de los servicios, llegando a tal punto la crisis, por el incumplimiento de algunas EPS, que estos padecimientos han llegado a convertirse en enfermedades de alto riesgo y algunos aseguradores prefieren, indolentemente, dejar morir al paciente antes que cumplirle con los derechos adquiridos en la Seguridad Social en Salud  establecidos por la Ley 100.
“Todos nosotros los colaboradores de la salud (especialistas, médicos generales, enfermeras jefes, auxiliares de enfermería y área administrativa y asistencial) de todas la entidades, llámense Hospitales y Clínicas,  somos los menos favorecidos del Estado, pues la mayoría somos trabajadores independientes y aun así nos toca esperar para que nos cancelen los honorarios a tiempo como resultado de la mezquindad con que nos tratan los aseguradores; en nuestro caso, tenemos mora de pago de más de 320 días sin que ni siquiera las EPS respondan por los intereses mientras que a nosotros los colaboradores de la salud, todas las entidades bancarias y proveedores si nos cobran intereses de mora sobre la mora”, expresó la funcionaria.
“La petición que hacen las entidades prestadoras de salud en Buga, es para que el Señor Presidente de la Republica,  el Ministro de Salud y la Superintendencia de Salud, investiguen que están haciendo las EPS con los recursos que pagamos nosotros los usuarios de la salud, ya que las tarifas propuestas y pagadas por ellas son tan irrisorias que a estas alturas del año 2013 algunas todavía están con la tarifa ISS 2001”.
Dicho pago del Grupo Saludcoop  no considera en lo más mínimo los compromisos adquiridos por la clínica, obligando a suspender los servicios a sus afiliados, quienes en últimas son los más afectados con esta problemática sin ser los directamente responsables de las acciones causadas.