Vergüenza e impunidad regional
Los ataques contra la señora Ibargüen, en Cali, y contra Dora Lilia, en Buga, son muestras de las graves violencias que sufren las mujeres en la región, donde la mayoría de los casos quedan bajo el manto de la impunidad.
Fabio Larrahondo Viáfara
Falavi2005@yahoo.com
@falavi2005
Noviembre ha sido mes de protesta por parte de organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres y, sobre todo, en la prevención y en la denuncia de “toda clase de violencia contra las mujeres”, rechazos motivados por ataques salvajes registrados en Buga y Cali: donde 2 mujeres fueron violadas, golpeadas y reducidas con sevicia, al punto que una de ellas murió y la otra se aferra a la vida en el Hospital San José, donde los médicos y la mano de Dios obran.
Los dos casos, hasta el momento de escribir este artículo (jueves 24 de noviembre), también están cubiertos bajo el manto de la impunidad, la misma que es la tendencia regional. En medio de plantones ante sedes de la Fiscalía reclamando justicia, se dio a conocer que entre 2015 y 2016 en el Valle se han presentado 180 feminicidios, de los cuales 100 en municipios diferentes a Cali.
Y lo más terrible, de acuerdo con las denuncias, es que no hay nadie condenado por este feminicidio. Por eso en los plantones se veían pancartas que decían cosas como estas: “Fiscalía, ¿dónde están los culpables?”; “Ni una más” y “Todas somos todas…”, esta última consigna con el propósito de llamar la atención a trabajar unidas.
En Cali, una señora Ibargüen fue atacada, violada y golpeada hasta perder el sentido, el cual nunca pudo volver a recuperar. El caso se presentó en Santa Rita, un barrio estrato 6. Ella vivía en San Luis, barrio estrato 2 y acudía a trabajar al sitio donde fue blanco de la violencia. Se generan críticas porque las autoridades no han ofrecido recompensa por los culpables.
Este hecho, junto al perpetrado en Buga, que sume a Dora Lilia en el drama, fueron calificados como “una vergüenza para toda la región” por parte de asesora municipal de Cali para la Equidad de Género, quien, además hizo un llamado a todas las entidades oficiales que trabajan por la mujer, a unir esfuerzos por “los derechos y la vida de las mujeres; el panorama es grave y hay que trabajar en la prevención y en la formación de ciudadanos más responsables y amigos de la vida”.
Salvajismo y horror
En medio de las violencias contra la mujer, las mismas que van desde las verbales hasta las físicas, surge el caso de Dora Lilia, el mismo que ha sorprendido a Colombia por su sevicia y connotación, al punto que se ha convertido en el símbolo de las protestas y reclamos.
Por respeto con ella y su familia, no describo la forma en que fue agredida, pero bastante con decir que fue empalada, lo cual demuestra que hubo el deseo de hacerle daño extremo, además intentaron quemarla. Las autoridades aún se encuentran desconcertadas, mientras que las investigaciones avanzan, aunque no con la prisa que la comunidad lo requiere.
La propia gobernadora del Valle, médica Dilian Francisca Toro, se mostró horrorizada al conocer los detalles de la agresión. Ella visitó la paciente y destacó la atención brindada en el Hospital San José, donde su estado de salud ha sido inestable bajo complejos tratamientos e intervenciones quirúrgicas.
Atendiendo el clamor ciudadano se ofrece una recompensa de $30 millones de pesos por información que permita identificar al autor o autores de este ataque y su posterior captura. La bolsa es conformada por aportes de la Policía y de la Alcaldía local. “Es muy lamentable que se presente este tipo de hechos y no puede quedarse en la impunidad. Hago un llamado a los ciudadanos para que aporten información a las autoridades”, dijo el alcalde Julián Latorre Herrada, a través de la radio para referirse sobre el particular.
Dora Lilia hoy es un símbolo de la violencia contra la mujer en Colombia y su nombre es recordado en diversas marchas, plantones y concentraciones que se vienen realizando en noviembre, elevado al mes de reivindicación de la mujer en Colombia.
La prevención,
urgente
Las organizaciones que trabajan por la mujer vienen reclamando que en los municipios del Valle se establezcan líneas y estrategias que contribuyan a la prevención de las violencias contra ellas y para lo cual se cuenta con leyes y decretos reglamentarios que permiten este accionar. Urge que en los presupuestos municipales se les asignen recursos significativos, no solamente “como para salir del paso”.
En este frente, aunque se habla mucho, se suele actuar poco. Valga citar que sólo este año, Cali que se debe convertir en ejemplo, apenas vino a contar con un sitio donde se concentran acciones las acciones. Se llama “Casa Matria” y desde allí se impulsan, de manera transversal, programas de atención, capacitación, educación para el trabajo y la vida, y todo “aquello que significa bienestar y nuevas oportunidades para la mujer”, como la definió el secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Esaud Urrutia Noel, quien también lamentó lo ocurrido con la señora Ibargüen en Cali y Dora Lilia en Buga. “Sin duda que eso nos debe avergonzar a todos”, expresó y dio a conocer que Casa Matria está dispuesta a brindar asesoría y colaboración a todos los municipios que lo soliciten. Funciona gracias a recursos locales y a un convenio de cooperación española.
En el campo de la prevención es indispensable tener en cuenta que violencias contra las mujeres se define como “… cualquier acción u omisión que cause daños o constituya amenazas a la mujer en su vida física, psicológica, sexual, económica y/o patrimonial”, tal como se define en la Ley 1257 del 2008.
Bajo la magnitud de la gravedad de lo que viene ocurriendo contra las mujeres en Colombia, en la citada Ley se establecieron los Derechos de las Mujeres, que se resumen así:
- Derecho a tener una vida digna.
- Derecho a la integridad física, sexual y psicológica.
- Derecho a la intimidad.
- Derecho a no ser sometidas a tortura o a tratos crueles o degradantes.
- Derecho a la igualdad real y efectiva de Derechos.
- Derecho a no ser sometidas a ninguna forma de discriminación, manipulación y amenaza.
- Derecho al libre desarrollo de la personalidad.
- Derecho a la seguridad personal y a la protección.
Independiente del municipio en que se encuentre, éste debe contar con una oferta mínima de sitios e instituciones a los que la mujer pueda acudir cuando considere que se le están violentando sus derechos. Dichos sitios son:
- La comisaría de familia.
- La Fiscalía General de la Nación.
- Instituciones de salud.
- El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- si se involucran o comprometen derechos de niños o niñas en los hechos.
A estas entidades se suman aquellas otras alternativas que los gobiernos municipales establezcan en cumplimiento de sus líneas acción, planes, programas y proyectos a favor de la mujer, pues sólo mediante acciones preventivas es que se puede evitar que se repitan dramas como el de Dora Lilia, por citar sólo el que más se conoce por estos tiempos en nuestra región.