Puja ciudadana por Centro de Reclusión para menores

Redacción Buga

El Periódico

Un ambiente de desacuerdo e intranquilidad ronda a los bugueños de bien, en especial las comunidades habitantes de los barrios del norte de la ciudad, a raíz de la propuesta del Gobierno Nacional, departamental, municipal y del ICBF, en construir en esta ciudad un Centro Regional para la Reclusión de Menores Infractores provenientes de todos los rincones del Valle del Cauca.

La incomodidad radica en desconocer  cuál sería el régimen de seguridad que se dará a esta población a la que no se puede someter al estilo prisión, dado los postulados del Código de Infancia y Adolescencia que es permisivo en todos los efectos legales, les brinda herramientas para que el Estado como tal, no pueda ejercer un verdadero control sobre ellos; al igual la preocupación por los hechos que se han registrado recientemente en Cali y otras ciudades, donde la fuerza pública ha tenido que intervenir con armas para lograr detener la fuga de estas personas.

Bien fundamentadas las acciones  que viene dando a conocer el Concejal de Buga, Gabriel Fontal Grisales, cuando manifiesta: “la verdad que es un tema muy complicado para los bugueños, que el gobierno nacional, el departamental y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar piensen en traernos ese centro de reclusión a los bugueños, nosotros hemos tratado de invertir mucho en la seguridad del municipio para venir a traer un centro de reclusión de 500 jóvenes desadaptados digámoslo así, hablando claro, aunque  asi no lo considere la ley de infancia y adolescencia, lo considere infractores;  hay una cantidad de criminales amparados bajo la minoría de edad, eso nos preocupa a todos los bugueños. Y si bien no hemos recibido un solo peso de inversión del gobierno departamental, tampoco vamos a aceptar que nos vengan a traer problemas al municipio”, dijo puntualmente el Concejal, Gabriel  Fontal Grisales, quien manifestó el gran problema social que esto acarreará a los bugueños.

Las verdaderas necesidades de los bugueños

Buga, con una población superior a los 140.000 habitantes, donde la estratificación del orden nacional ha golpeado las bases de la economía carente de soportes monetarios, no cuenta en su mayoría con vivienda propia; el sistema de salud  corta y medianamente satisface las necesidades de la población  por falta de estrategias que permitan accesibilidad al común de los necesitados, carente de  programas de un sistema escolarizado que conlleve a un aprendizaje adecuado, en condiciones cómodas, de fácil cercanía, como sucede con los campesinos quienes deben atravesar largos caminos y trechos para llegar al aula de clase en medio de la fatiga y el cansancio; una ciudad donde los servicios públicos son los más costosos de esta región del Valle del Cauca; esto sin mencionar el desempleo que ronda por todos lados, son factores que deberían tener en cuenta los gobernantes, antes de sugerir, proponer y aceptar  como se está dando en este caso, un problema mayúsculo y sin salida al momento de dar el sí y aceptar esta dadiva que otros alcaldes no han querido aceptar para sus municipios.

Opinión de un ex –alcalde

“Considero que si en Buga, de manera conjunta entre el Concejo y el gobierno de turno se buscó la forma de aumentar el pie de fuerza en la policía para garantizar la tranquilidad ciudadana, no se puede ahora desmejorar este proceso con la construcción de un Centro Regional para Menores Infractores, que a la vista pública no cuenta con las garantías necesarias por parte del Estado colombiano para con el lugar donde lo ubiquen y Buga siempre se ha caracterizado por ser un municipio tranquilo, de paz, buenas costumbres”, expresó el doctor Freddy Hernando Libreros Henao. “Existen acciones de inversión en lo social más apremiante y que generarían trascendencia en el desarrollo local y con cobertura regional y en lo cual estamos comprometidos todos los bugueños en aportar nuestras ideas”, enfatizó.

Mendicidad, desorden sexual y proliferación de orates sin control

No se ha podido en esta ciudad del Sagrado Corazón de Jesús, erradicar un flagelo que de la noche a la mañana  ha cogido  gran fuerza como lo es la presencia de orates, mendigos, indigentes, y delincuencia común en las calles, y se está queriendo meter a la fuerza un monstruo social que ni siquiera el poder del Estado colombiano ha podido manejar en las grandes ciudades capitales como Cali.

Difícilmente la justicia ordinaria puede dictaminar una medida preventiva contra un menor infractor o un adolescente, por no contar con los mecanismos esenciales para remitir esta persona sin que semeje un centro carcelario, porque de inmediato están los derechos humanos y del menor acusando al impartidor de justicia de extralimitación de funciones, ya que ni siquiera el mismo Estado  tiene las herramientas del manejo a estas personas en centros especializados para la resocialización, y deben entregárselo a entidades privadas para que asuman el papel estatal bajo una vigilancia que no ha dado resultados favorables; y se pretende construir en Guadalajara de Buga, el más llamativo acto político de inversión, sin contemplar que pueden mejorar las condiciones físicas del existente en Cali y evitar un desastre social en la región, de altas connotaciones negativas  para Buga.

Necesitamos  soluciones  que  dignifiquen  al  ser  humano,  mas  no  sitios  de recuperación social, aunque es obligación del Estado, para jóvenes que en su albergue  natural o sea su familia, no  tuvieron la enseñanza de principios morales, éticos, sociales y afectivos, que les hubiese permitido ser unos buenos miembros de la sociedad, para que nos los vengan a dejar en nuestro municipio y más en la zona norte  de la ciudad, que se encuentra golpeada por la ausencia del Estado en su más estricta pobreza e inseguridad. 

Concejal propone consulta popular para este tema

“Si nos toca llevar esta situación a consulta  popular, desde el escenario del Concejo Municipal, así lo haremos”, dijo el edil Fontal Grisales, siempre en busca de defender los intereses de todos los habitantes de Guadalajara de Buga; “la inversión social que pedimos los bugueños al gobierno departamental  por ser parte del  componente social a que tenemos derecho como vallecaucanos, es todo aquello que tenga que ver  con: salud, educación, mantenimientos viales, deporte, recreación, medio ambiente, servicios  públicos, seguridad, convivencia pacífica, posibilidades de empleo, vivienda”.