El Periódico
El gremio de areneros artesanales de Buga, deben sortear la vida diaria en medio de temas difíciles para ellos, como son la escases del material de río, el bajo caudal que lleva la fuente de donde obtienen la materia prima para poder trabajar, las enormes contaminaciones por aguas servidas y desechos industriales que son arrojados al afluente natural en plenas goteras del casco urbano y de los provenientes de las factorías ubicadas en cercanías a La Palomera.
Esto sin contar que los precios del flete aumentaron notablemente por efectos del valor del combustible, lo que para este gremio que escasamente la mayoría cuentan con un nivel académico de los primeros grados de primaria, no les permite aspirar a puestos que les dé un mejor nivel en su calidad de vida y la de sus familias.
Ahora se les complica más la situación con lo que ellos han llamado como una persecución que a través de operativos policiales por parte del EMCAR, se estaría realizando contra las unidades productivas mineras o grupos de trabajadores del río Guadalajara, y de la parte baja del río Cauca, que reúnen aproximadamente 200 areneros. Como quebrantamiento del derecho al trabajo, califica este gremio tales acciones adelantadas durante operativos del Grupo de Policía especial, Escuadrones Móviles de Carabineros - EMCAR, en el municipio de Buga y aledaños, lo que ha venido afectando la actividad de la cual dependen muchas familias de los sectores o polígonos que comprenden el corredor del río Guadalajara y parte del río Cauca, en los cuales, tradicionalmente se ha ejercido esta práctica minera de manera artesanal sin mayores impactos ambientales.
La estructuración de la política nacional para la formalización minera en el país, que propone el Ministerio de Minas y Energía, para generar herramientas de apoyo a los mineros informales de pequeña y mediana escala preferentemente para que formalicen su actividad sin contratiempos, no se estaría cumpliendo, ya que el proceso de legalización de quienes realizan labores de extracción de materiales de arrastre del rio en esta zona del centro del Valle del Cauca, entre los que se cuentan la Asociación de Mineros de Buga -ASOMIBUGA- y de los sectores de Puerto Bertín y El Porvenir, en algunos casos, se ha visto dilatado.
La expedición de permisos de la Agencia Nacional Minera, es un ejemplo de la tardanza en procesos de legalización como es el caso de ASOMIBUGA, que desde el 2014 radicó la documentación para dicho permiso y hasta la fecha no ha obtenido respuesta; de ahí que la actividad minera adelantada por los asociados corre el riesgo de ser calificada como ilegal, y que se considere a quienes la ejercen como “delincuentes” como “saqueadores de bienes naturales”, como ocurrió recientemente donde fueron capturadas cuatro personas por el presunto delito de minería ilegal, toda vez que se trata de personas que compraban el material extraído de manera artesanal, por areneros cuya actividad está amparada por un contrato de concesión.
Manifiestan entonces que por qué se les indilga de un proceso que sólo es laboral para ellos y así obtener el sustento diario de sus familias, mientras que a las grandes extractoras de material de rio ni siquiera les hacen control alguno, como ocurrió el pasado marzo de 2014, cuando se realizó la extracción de material del río Guadalajara, en el sector de El Carmelo, donde volquetas con capacidad para 18 metros cada una, realizaron más de 400 viajes, dejando el colchón del río empobrecido y sin mayores posibilidades para los areneros que actualmente se ven en afujías para obtener aunque sea 1 metro del material por el que deben exponer sus vidas ante los rigores del clima, el tiempo, las condiciones precarias de salud y ahora con la que tildan de persecución contra ellos por parte de las autoridades.