Redacción Buga
El Periódico
Se recuerda a la comunidad que ya está vigente la ley de protección animal.
El comparendo ambiental, la política pública de protección animal y una junta municipal defensora de animales y el centro de bienestar animal, además de las sanciones para las personas que infrinjan las normas en este aspecto.
Todas estas instancias y normas se han establecido en defensa de los derechos de los animales en nuestra ciudad.
Y recordar casos como el descuartizamiento de un caballo gravemente herido en Buenavista (Sucre) y la matanza de un toro en Turbaco (Bolívar), ambos hechos ocurridos en corralejas celebradas a comienzos de año, dejan al descubierto los vacíos que tiene el país para castigar y condenar el maltrato animal.
Es más, la propia legislación impulsa a que hechos como estos se cometan.
De hecho, aunque el Estatuto de Protección Animal (Ley 84 de 1989) condena formas de maltrato como golpes, quemaduras, cortadas, punzadas, mutilaciones, someterlos a una muerte agónica o convertir ese sufrimiento en espectáculo, a renglón seguido exceptúa el rejoneo, el coleo, las corridas de toros, las novilladas, las corralejas, las becerradas, las tientas y las riñas de gallos.
En Buga por ejemplo, se viene adelantando un programa de socialización por el respeto a los animales domésticos de compañía o denominados “Mascotas”; así lo dio a conocer el Especialista Fernando José Gutiérrez Estrada, Secretario de Agricultura y Fomento del Municipio, quien advirtió que no serán elásticos en la aplicación de la normatividad que ya está rigiendo en el territorio colombiano y que en buen momento fue sancionado y aprobado por el Honorable Concejo Municipal, dándole facultades a las autoridades competentes para ello.
“En resumen, el maltrato no es delito, y, como no lo es, esto lleva a que la gente no tenga reparos en cometerlo”, asegura Javier González, experto en bioética e integrante del Observatorio Animalista de la Universidad Javeriana.
Por eso, no obstante el rechazo y la indignación que generaron los videos en los que se revelan esos crueles actos, poco se podrá hacer para condenar y castigar a los responsables del maltrato animal.
Ni siquiera un hecho como el ocurrido en Tuluá (Valle), con un grupo de gatos que fueron amarrados y torturados para que “participaran” en una carrera, podría castigarse ejemplarmente.
Para todos estos casos el estatuto no impone condenas sino contravenciones, llamados de atención o penas de arresto preventivo de uno a tres meses (excarcelables). Si bajo ese maltrato el animal queda lisiado o muere, la sanción aumenta a un máximo de cuatro meses de arresto, y si se hace en vía pública, el arresto será de seis meses. Se incluyen multas que no superan los 100.000 pesos.
El Código de Policía, por su parte, impone otras sanciones que no pasan de los 700.000 pesos.
“Hoy, los castigos dependen mucho del costo del animal, y de que el propietario denuncie. La vía que queda es que los afectados o ciudadanos tramiten acciones populares para que hayan sanciones administrativas a Alcaldes o Secretarios de Gobierno por no tomar medidas que evitaran ese maltrato”, dice Eduardo Peña, de la organización Animal Defenders International.
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