La comisión segunda del Concejo propuso la realización de un cabildo abierto, para analizar la situación que en Buga se registra con la EPS Café Salud; así lo indicaron los cabildantes Alba Estella Anacona y Raúl Salcedo Cardona, al manifestar que no se puede seguir burlando la salud de las comunidades, tal como suele pasar con las EPS´s en esta ciudad, sin que ningún organismo de control se pronuncie al respecto.
El propósito es que sus directivos y empleados definan ante la corporación, qué es lo que está pasando y por qué los usuarios están sufriendo tanto por la mala atención en salud.
Al presidente del concejo, Carlos Alberto Londoño, le han pedido los ediles de la comisión accidental de salud, que les autorice como comisión el cabildo abierto para tratar el tema de salud en la ciudad; fundamentalmente el caso de Café Salud.
El cabildo abierto será para que participen todos, comenzando desde el ministerio del ramo, el gobierno seccional, el local y comunidad en general.
Desde ya se han iniciado las gestiones, incluso ante la Registraduría del Estado Civil, para que provean los documentos que se requieren para convocar este cabildo, esto con el fin de pedir a la comunidad que ayude con su firma para que esta iniciativa se pueda desarrollar, posiblemente en el mes de octubre.
Pero una mala noticia sorprendió a los concejales ponentes de la iniciativa y es por parte de la Registraduría Especial del estado Civil en Buga, quien se negó a esta iniciativa, manifestando que los concejales no pueden adelantar acciones de este tipo; lo que rechazó de entrada la concejal Anacona Ortiz, dado que sí están facultados los concejales como mesa directiva del municipio y como corporados para estas convocatorias públicas, las que al parecer desconocen los registradores de Buga.
Ante esta respuesta negativa, los bugueños no tendrán la posibilidad de averiguar o consultar de manera abierta con los directivos de la EPS - Cafesalud, sobre el futuro inmediato, razón por la cual, los integrantes de la comisión segunda de salud esperan un replanteamiento por parte del ente oficial de la Registraduría los avale, y así puedan realizar la convocatoria dentro de los términos estipulados y no se exima a las comunidades del derecho a la reclamación.
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